Crédito: Europa Press
Más de 200 organizaciones aglutinadas en la coordinadora Unidad Social han convocado una jornada de huelga general para el próximo martes, 26 de noviembre, para exigir responsabilidades al Gobierno por la "brutal represión" contra las manifestaciones.
La convocatoria incluye un "paro progresivo" que comenzará este lunes con la movilización de trabajadores portuarios y otros sectores a los que se sumarán el resto de sectores ya el martes.
Entre las organizaciones integrantes de la Unidad Social destaca el Bloque Sindical, integrado por representantes de trabajadores portuarios, de la construcción, profesores, de sanidad y trabajadores públicos. Además hay representación de la Coordinadora No+AFP --contra el sistema de pensiones privatizado-- y la Coordinadora 8 de Marzo, con reivindicaciones feministas.
Además, Unidad Social rechaza el denominado Acuerdo por la Paz Social y Una Nueva Constitución pactado por los partidos políticos de izquierda y de derecha para impulsar una nueva Carta Magna.
"Este acuerdo de madrugada entre partidos políticos, sin la participación y legitimidad de quienes hemos participado de las movilizaciones, fue construido mientras literalmente se reprimía y violaba sistemáticamente los Derechos Humanos, se hizo entre en cuatro paredes y a espaldas de los movimientos sociales", denuncia el grupo.
Unidad Social considera que la asamblea constituyente "debe contemplar una ruptura con el modelo neoliberal impuesto en dictadura y consolidado por los gobiernos de la Concertación y la Derecha durante los últimos 30 años".
Además, subraya la importancia del "proceso de deliberación inédito en participación a través de Cabildos, Asambleas Territoriales, y los trawün, que están construyendo democráticamente nuestras propuestas de transformaciones necesarias para una nueva sociedad".
Demandan igualmente la instauración de "una Comisión de Verdad y Justicia y el cese inmediato a toda política de criminalización y represión a movimientos y luchadores sociales". "Ninguna Democracia se puede construir sobre la impunidad", han advertido.
La movilización popular en Chile comenzó el 14 de octubre por la cuarta subida del precio del metro en pocos meses y escaló para denunciar la desigualdad social y reclamar un cambio constitucional. Unas 20 personas han muerto y cientos han sido detenidas.